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Factura electrónica de uso obligatorio

La implementación de la factura electrónica obligatoria surge como una medida clave dentro
de la Ley Crea y Crece, promulgada en septiembre de 2022, con el propósito de impulsar la
digitalización en las interacciones comerciales entre empresarios y profesionales. Esta
legislación instó al legislador a establecer criterios técnicos e informativos para la factura
electrónica, alineándolos con estándares globales y facilitando la transición para aquellas
empresas que ya utilizan facturas electrónicas estructuradas.


La factura electrónica obligatoria tiene como objetivo primordial reducir la morosidad, una de
las principales causas de dificultades financieras y de rentabilidad, especialmente para las
pequeñas y medianas empresas (pymes). El formato digital proporciona una mayor capacidad
de seguimiento y control de los pagos entre empresarios y profesionales. El próximo
reglamento permitirá a la Agencia Tributaria recopilar datos estadísticos de las facturas
electrónicas y supervisar el cumplimiento de las normativas sobre morosidad comercial,
compartiendo esta información con el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

La factura electrónica obligatoria se define como aquella que se emite y recibe en formato
electrónico entre empresarios y profesionales, registrando las operaciones comerciales entre
ellos. Deberá cumplir con requisitos mínimos de contenido y características técnicas
especificadas en el reglamento, pudiendo emitirse a través de un programa de facturación de
la Agencia Tributaria o mediante un programa de factura electrónica certificado.

Aunque no hay una fecha precisa para la implementación de la facturación electrónica
obligatoria, se establece que entrará en vigor en un plazo de uno o dos años después de la
aprobación del desarrollo reglamentario. El tiempo de aplicación dependerá de la facturación
anual de los empresarios y profesionales. Se espera que el reglamento se promulgue en el
transcurso del presente año. La obligación afectará a empresas y profesionales involucrados en
operaciones B2B, comenzando por aquellos con una facturación anual superior a 8 millones de
euros y extendiéndose al conjunto del sector privado español en un plazo de dos años desde la
entrada en vigor del reglamento, excluyendo por el momento las transacciones con
consumidores o clientes finales (B2C).

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