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Los criterios de adjudicación. Contratación pública ¿qué ocurre si los criterios de adjudicación no cumplen con las características que marca la LCSP?

Todo el sistema de contratación pública en su regulación tanto de la Unión Europea como nacional persigue la selección de la oferta económicamente más ventajosa, (STJUE de 20 de septiembre de 1988, Beentjes) respetando los principios de igualdad, libre concurrencia, y transparencia en la adjudicación, que también se recogen en el artículo 1 y 132 de la LCSP.

La LCSP tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. La doctrina ha venido desplazando el concepto “oferta económicamente más ventajosa” por un concepto que podríamos denominar de “relación coste-calidad”.

Para lograr esa igualdad, transparencia y especialmente para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa la LCSP establece un sistema de adjudicación basado en unos criterios cuya valoración de acuerdo con la ponderación que se haya establecido en los Pliegos, permitiría en principio dicha selección con respeto a los indicados principios.

Los criterios de adjudicación de contratos públicos que pueden tenerse en cuenta para apreciar la oferta económicamente más ventajosa deben cumplir una serie de requisitos o características mínimas tal y como de forma constante viene señalando la doctrina del TJUE. Deben ser: Objetivos, aplicables a todas las ofertas; Relacionados con el objeto del contrato de que se trate y; Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores.

Sobre este último aspecto, los tribunales de recursos contractuales han venido estableciendo de forma reiterada dicha obligación de comprobación por parte de las mesas de contratación.

Aunque la formulación teórica de los requisitos de validez de los criterios de adjudicación puede parecer sencilla su aplicación práctica no está exenta de problemas derivados de la inercia a la hora de elaborar los pliegos de contratación que implica la práctica de reproducción de pliegos de anteriores licitaciones, así como el desconocimiento de qué elementos se pueden tener en cuenta desde la óptica de añadir calidad a la prestación más allá del precio.

Pues bien, ¿qué ocurre si los criterios de adjudicación no cumplen con las características que marca la LCSP? En el caso de que la deficiencia se revele en una fase previa a la licitación los pliegos adolecen de una causa de nulidad y deberán ser corregidos, pero ¿qué ocurre si se plantea que los criterios no cumplen estos requisitos en la fase de licitación del contrato?

Por más que la doctrina general sea que los pliegos son la ley del contrato, y que la presentación de la oferta implica la aceptación de sus términos, lo cierto es que tales defectos que afectan de plano a los principios que deben regir la licitación pública suponen la nulidad de pleno derecho incluso cuando se hubiera producido la adjudicación del contrato, sin que quepa tener el criterio por no puesto, como entre otras muchas ha señalado la RTACPCM 92/2013 de 5 de marzo.

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